“Mito disciplinario” versus “educación inclusiva

” “La educación de jóvenes infractores debe orientarse a la inclusión y la ciudadanía; militarizarla es un retroceso que contradice los principios de derechos humanos.” 

 1. Introducción 

 El convenio entre INISA y el Ministerio de Defensa para “educar” a jóvenes infractores es inadecuado porque confunde la finalidad de la reinserción social con la lógica militar, introduce riesgos de disciplinamiento autoritario y desvía recursos de políticas educativas y comunitarias más apropiadas. Aunque se presenta como capacitación laboral, en realidad coloca a adolescentes vulnerables en un entorno verticalista que contradice los principios de inclusión y derechos humanos El convenio fue firmado en enero de 2026 entre el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) y el Ministerio de Defensa, con respaldo del presidente Yamandú Orsi. Su propósito declarado es ofrecer a jóvenes infractores, próximos a cumplir la mayoría de edad, oportunidades de formación en áreas vinculadas a las Fuerzas Armadas. Se plantea como una estrategia de capacitación técnica y laboral, abarcando sectores como logística, sanidad y mantenimiento, dentro de un marco institucional militar. El acuerdo busca que entre veinte y treinta adolescentes privados de libertad participen en talleres y cursos impartidos por personal militar. La intención oficial es brindar herramientas para la reinserción social mediante disciplina y aprendizaje técnico. Sin embargo, la propuesta introduce a jóvenes vulnerables en un entorno jerárquico y verticalista, donde la educación se confunde con entrenamiento castrense, generando debate sobre la pertinencia de este modelo frente a alternativas civiles más inclusivas y democráticas. El convenio entre INISA y el Ministerio de Defensa resulta inadecuado para la reinserción social y educativa de adolescentes porque confunde la finalidad pedagógica con la lógica militar. La educación debe promover inclusión, pensamiento crítico y ciudadanía democrática, mientras que el entrenamiento castrense se basa en disciplina rígida y obediencia jerárquica. Al situar a jóvenes vulnerables en un entorno verticalista, se corre el riesgo de reforzar estigmas y limitar su integración comunitaria, desviando recursos de programas civiles más inclusivos y transformadores

 2. Encuadre

 El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) es el organismo estatal uruguayo encargado de la atención de adolescentes en conflicto con la ley penal. Su misión principal es promover la rehabilitación y reinserción social de estos jóvenes, garantizando el respeto a sus derechos y ofreciendo programas educativos, laborales y de acompañamiento que favorezcan su integración comunitaria. El Ministerio de Defensa Nacional cumple funciones vinculadas a la seguridad y defensa del Estado, y su formación se caracteriza por la disciplina, la jerarquía y la obediencia. La educación militar busca preparar a individuos para tareas específicas dentro de las Fuerzas Armadas, transmitiendo valores de orden y verticalidad que difieren de los enfoques pedagógicos inclusivos y participativos propios de la educación civil. En Uruguay, diversos actores sociales y políticos han cuestionado la pertinencia de vincular adolescentes infractores con instituciones militares, señalando riesgos de disciplinamiento autoritario. En otros países, como Brasil o Chile, experiencias similares también han generado críticas por contradecir estándares internacionales de derechos humanos, que recomiendan programas comunitarios y educativos civiles para la reinserción juvenil en lugar de entornos castrenses. 3. La opción militar como elección legítima, condicionada por las circunstancias 

 Es legítimo reconocer que la carrera militar constituye una opción válida dentro del abanico de trayectorias profesionales que ofrece el Estado. El Ejército, como institución pública, cumple funciones esenciales y puede brindar formación técnica y disciplina. Resulta positivo que los propios adolescentes puedan elegir libremente este camino como alternativa de futuro. Sin embargo, es necesario problematizar hasta qué punto esa elección es genuina y no condicionada por la vulnerabilidad social o la falta de oportunidades civiles. La libertad de optar por la vía militar debe evaluarse críticamente, evitando que circunstancias adversas transformen una decisión en una imposición encubierta. 

 4. Argumentos principales 

 La disciplina militar, basada en jerarquía y obediencia rígida, no puede confundirse con educación inclusiva. Mientras la pedagogía busca fomentar pensamiento crítico, participación y respeto mutuo, el entrenamiento castrense privilegia la sumisión a la autoridad. Esta confusión pedagógica limita la capacidad de los jóvenes para integrarse en entornos democráticos y comunitarios. El convenio refuerza la estigmatización de adolescentes infractores al presentarlos como sujetos que requieren “corrección” autoritaria. En lugar de promover su inclusión mediante educación civil, se les asocia con un modelo disciplinario que perpetúa prejuicios sociales. Esto dificulta su reinserción y consolida la percepción de peligrosidad en la comunidad. La inversión en programas militares desvía recursos que podrían fortalecer instituciones civiles como UTU, universidades, ONGs y proyectos comunitarios. Estas alternativas ofrecen formación técnica y cultural más adecuada para la reinserción social. Priorizar el ejército nacional significa relegar espacios educativos inclusivos que promueven ciudadanía, creatividad y oportunidades laborales en ámbitos democráticos. El acuerdo contradice compromisos internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos del Niño y las Reglas de Beijing. Ambos instrumentos recomiendan programas educativos civiles y comunitarios para adolescentes en conflicto con la ley. Militarizar su formación vulnera principios de inclusión, participación y respeto, debilitando garantías fundamentales de protección juvenil. 

 5. Contraargumentos y refutación 

 Los defensores del convenio sostienen que la participación de jóvenes infractores en programas del Ministerio de Defensa les brinda formación técnica y disciplina laboral. Argumentan que el Ejército puede ofrecer capacitación en áreas útiles como logística, sanidad o mantenimiento, además de inculcar hábitos de responsabilidad y orden. Se presenta como una oportunidad concreta de reinserción mediante trabajo y aprendizaje. Sin embargo, esta visión resulta problemática porque la formación técnica puede impartirse en instituciones civiles como UTU, universidades o programas comunitarios, sin necesidad de militarizar la educación. La disciplina que se busca debe ser democrática, basada en la participación y el respeto mutuo, no en la obediencia jerárquica castrense. De lo contrario, se refuerzan estigmas y se limita la inclusión. Uruguay cuenta con instituciones educativas, programas de formación técnica y políticas de inclusión laboral que podrían ser fortalecidas. Invertir en convenios con Defensa desvía recursos hacia un modelo que no es pedagógicamente adecuado ni prioritario. 

 6. Alternativas 

 Los convenios con UTU, universidades y ONGs representan alternativas sólidas para la reinserción juvenil. Estas instituciones ofrecen formación técnica, cultural y académica en entornos civiles inclusivos. Al vincular a los adolescentes con espacios educativos reconocidos, se promueve su integración social y se fortalecen sus oportunidades de empleo y desarrollo personal. Los programas de mentoría comunitaria y empleo protegido permiten que los jóvenes infractores construyan vínculos positivos con adultos referentes y accedan a experiencias laborales seguras. Estas iniciativas fomentan confianza, responsabilidad y autonomía, evitando la estigmatización y ofreciendo un camino real hacia la reinserción social mediante acompañamiento cercano y sostenido. La educación en ciudadanía, cultura y derechos humanos es esencial para que los adolescentes comprendan su rol en la sociedad. Promueve valores democráticos, respeto mutuo y participación activa. Al integrar estas dimensiones en su formación, se fortalece la capacidad de los jóvenes para ejercer plenamente sus derechos y responsabilidades. 

 7. Doxa versus episteme 

 La medida se inscribe en un marco populista que apela a creencias arraigadas sobre la supuesta eficacia de la educación disciplinaria de antaño. Se rescatan mitos como “la letra con sangre entra”, que idealizan métodos autoritarios, ignorando avances pedagógicos contemporáneos basados en inclusión, participación y respeto a los derechos humanos. Este discurso reproduce la idea de que la educación actual es débil frente a la rigidez de otrora, reforzando una nostalgia por modelos punitivos. Sin embargo, tales enfoques no generan verdadera formación ciudadana, sino obediencia acrítica. La pedagogía moderna demuestra que la inclusión y el pensamiento crítico son más eficaces para la reinserción social. En tiempos de Latorre se impulsaron institutos correccionales y reformatorios que buscaban disciplinar a través de la coerción. La actual UTU tiene antecedentes en ese modelo, aunque transformados con el tiempo. Recordar este origen permite comprender cómo persisten imaginarios autoritarios que aún influyen en propuestas educativas dirigidas a jóvenes vulnerables. La evaluación de políticas educativas no puede hacerse “a ojo de buen cubero”, sino desde la pedagogía y la investigación social. Solo el análisis científico y crítico permite determinar la eficacia de programas de reinserción. Apelar a creencias populares sin evidencia perpetúa errores históricos y limita la construcción de alternativas inclusivas. 

 8. Conclusión 

 La reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley exige programas de educación inclusiva y civil, centrados en la participación comunitaria y el respeto a los derechos humanos. Militarizar su formación confunde disciplina con pedagogía, limitando su integración democrática y perpetuando modelos autoritarios que no favorecen la verdadera rehabilitación. La seguridad genuina no se logra mediante disciplina castrense, sino a través de justicia social y oportunidades educativas que reduzcan desigualdades. Brindar acceso a formación técnica, cultural y ciudadana fortalece la cohesión comunitaria, previene la reincidencia y construye un entorno más justo, donde los jóvenes puedan ejercer plenamente su ciudadanía. El convenio entre INISA y Defensa es inadecuado porque militariza la rehabilitación juvenil, refuerza estigmas y contradice estándares internacionales de derechos humanos. La reinserción social requiere educación inclusiva, comunitaria y civil, no disciplina castrense. La verdadera seguridad se construye con justicia social y oportunidades educativas, no con la lógica militar. Las alternativas posibles de reinserción deben basarse en valores democráticos, derechos humanos y participación comunitaria. La formación militar se centra en obediencia jerárquica, disciplina rígida y verticalismo, lo que contradice los principios pedagógicos de inclusión.

La violación y la violencia sexual en el patriarcado: mandato moral y estrategia de poder sobre las mujeres y cuerpos feminizados. Por la Prof. Lorena Bello Barreiro

 La violación y la violencia sexual en el patriarcado: mandato moral y estrategia de poder sobre las mujeres y cuerpos feminizados. En pleno siglo XXI, persisten actos de violencia de género y crímenes de guerra que lejos de recibir una condena, continúan reproduciéndose con éxito en sociedades atravesadas por estructuras patriarcales. En particular, estoy pensando en la violación y la violencia sexual —en sus diversas formas— ejercidas especialmente contra mujeres y cuerpos feminizados. Sociedades patriarcales, ideología, encubrimiento y dominación. Para empezar, defenderé la idea acerca de que la desigualdad y el sometimiento de ciertos cuerpos, en sociedades patriarcales no depende de las diferencias de sexo biológico propias de la especie humana. Por el contrario, las relaciones jerárquicas de género son resultado de dinámicas humanas —fenómenos socioculturales—, más que de determinismos naturales. Diré que el patriarcado es una construcción humana y producto ideológico que instala la convicción de que las mujeres y los cuerpos feminizados son inferiores al hombre masculinizado. Se trata de una concepción profundamente arraigada en la historia de la humanidad, sostenida por prejuicios —-como la idea de que ellas representan el sexo débil—. A su vez, se fundamenta en falsas razones —por ejemplo, que su situación es de desventaja por su fisiología—y también se compone de enunciados injustificados —tal como afirmar que la mujer es adecuada para ser ama de casa, procreadora y cuidadora—. Cualquiera de estos preceptos distorsiona la conciencia de los individuos sobre su real situación de existencia. Sin embargo, si la ideología es un razonamiento distorsionado —según Villoro—, entonces lo falso, prejuicioso e injustificable de sus creencias, valores e ideas, no refieren a un error cualquiera, sino a un encubrimiento. ¿Qué es lo que se oculta?: la “mucha verdad” acerca de que el patriarcado constituye un artificio naturalizado —y no un hecho natural— que responde a intereses particulares de clase y de género, con el fin de sostener una estructura específica de dominación. Ahora bien, la dominación “sólo es efectiva cuando los dominados la aceptan” (Villoro, 2013). Esto es posible por medio de un consenso social —entre ambos géneros— que la legitime. Pero ese acuerdo contractual no es transparente con las mujeres y cuerpos feminizados. No debe serlo porque su opacidad es condición esencial para perpetuar las relaciones de subordinación. En efecto, no cualquiera estaría dispuesto a elegir vivir en una situación de dominación en respuesta a intereses ajenos. Por ende, la dominación “tiene que presentarse como no- dominación” (Villoro, 2013). La violación sexual como acto moralizador e impunitivo. En un sin fin de escenarios patriarcales, la presunta “no dominación” por parte del hombre masculinizado hacia las mujeres y cuerpos feminizados se manifiesta usualmente, a través de un tipo de acción sumamente agresiva, degradante y represiva, basada ella, en ocasiones, en un imperativo normativo— un deber ser éticamente disfrazado— de corrección, regulación y disciplinamiento del comportamiento de dichos cuerpos. Esa acción es lo que conocemos como “violación sexual”. Por ejemplo: para la cultura achuar, se reproduce la convicción de la incapacidad de las mujeres de poder sobrevivir solas en el vasto mundo. Lo que las vuelve dependientes del hombre —de la paciencia y ternura de su señor—. Y el hombre es quién debe educar —domesticar— a la mujer. Hace esto apelando a la violencia física —y psicológica—, y también a la violación —que para ellos no es violación sino un acto moralizador e impunitivo—. La buena esposa —puede tratarse de una mujer secuestrada de otro grupo indígena con miras de apropiarse de su capacidad reproductiva— debe desarrollar mansedumbre. En el proceso de domesticación, adquiere cicatrices en el cráneo como producto de los golpes de su pareja. También la somete a sexo forzado, pero que ella termina naturalizando como una forma de relación conyugal normal. Opino que, este podría constituir un ejemplo evidente —aunque ceñido por una perspectiva culposamente etnocentrista— de mecanismo de encubrimiento de la dominación. Sin embargo, es importante advertir al lector, que la dominación masculina, entre los achuares, tiene algunos desniveles debido a que hay mujeres con temperamento fuerte y vigoroso. Respecto de los cuerpos feminizados —ejemplo de ello lo son los hombres que se comportan como auténticas esposas por trabajar en los huertos y preparar la comida— sienten una repugnancia inminente. La violación sexual como arma de guerra para la destrucción moral del enemigo. Sin embargo, la violación y la violencia sexual, según investigaciones de Rita Segato —antropóloga y activista feminista argentina—, constituyen también un acto desmoralizador, o como ella misma lo expresa: “es en la violencia ejecutada por medios sexuales donde se afirma la destrucción moral del enemigo” (2014, p.61). Asegura que en los escenarios bélicos nuevos —informales y paraestatales—-, es donde dicho accionar, de “ilimitada capacidad violenta y de bajos umbrales de sensibilidad humana” (2014, p.61), pasa a ser entendida como “arma de guerra” y “objetivo estratégico militar” —inclusive en escenarios genocidas–. Desde este contexto, las mujeres y cuerpos feminizados se convierten en el “bastidor” —terreno-territorio— sobre el cual, la estructura de la guerra se manifiesta a través de la violación y la violencia sexual. Arguye que ya no consisten en un “daño colateral”; por el contrario, “han adquirido centralidad en la estrategia bélica” (2014, p.59), tratándose de una violencia premeditada y fríamente calculada —como un medio racionalmente elegido—, en lugar de un acto gobernado por impulsos libidinales y en respuesta a síntomas psicopatológicos —tal como la tradición médica lo atribuye—. Luego, por medio de la violencia infligida en dichos cuerpos –cometidos por sujetos normales y no enfermizos– el efecto, para Münkler será “la emasculación y humillación que retira la asertividad de los vencidos por no poder proteger a sus mujeres” (Segato, 2014, p.63). He ahí la desmoralización, la cual sirve, o bien para instalar la “estigmatización” y el “ostracismo” de los cuerpos violentados, o bien para “disolver el tejido social, sembrar la desconfianza y romper la solidaridad comunitaria” (Segato, 2014, p.65). Violaciones, violencia sexual y muerte en el festival de música Nova. Un ejemplo que sustenta las afirmaciones de Segato lo encontramos en el reciente escenario bélico, perpetrado durante el festival de música Nova, el día 07 de octubre de 2023, en suelo israelí, por combatientes de Hamás —matando en principio a unas 1.200 personas y tomando 251 rehenes—.Allí la violencia sexual apareció como parte estratégica del ataque, más específicamente como “arma de guerra”. En palabras de Ruth Halperin-Kaddari —-académica y experta en derechos de familia y derechos internacionales de la mujer—, desde un principio las mujeres “eran parte de su objetivo porque representan la creación de la vida, lo que para Hamás se traduce en más ciudadanos enemigos en el futuro” (Penadés, 3N, Mundo, 10 de julio). Explica que las evidencias de violencia sexual estaban esparcidas por todo el descampado del festival: “cuerpos mutilados, disparos en los órganos genitales femeninos y cuerpos de mujeres encontrados en posiciones extrañas que evidencian que ha habido una agresión sexual previa al asesinato” (Penadés, 3N, Mundo, 10 de julio). Posteriormente, habiendo el conflicto alcanzado los umbrales del genocidio, en octubre de 2025, el gobierno israelí y Hamás acordaron la primera fase del plan de paz que condujo a un alto el fuego en Gaza. Los rehenes liberados y sobrevivientes —mujeres y varones—, pudieron brindar testimonio de las violaciones reiteradas y la violencia sexual por las que tuvieron que pasar en manos de sus captores. Es aquí importante señalar que, la violación de varones es entendida como la feminización de sus cuerpos, desplazando al individuo a la posición femenina —de inferioridad—-. En definitiva, es un hecho constatable que seguimos viviendo dentro de estructuras patriarcales, en donde la violación juega un papel necesario en la conservación, e inclusive, en la restauración de la economía simbólica del poder masculino frente al femenino. El mandato moral de la violación y el paradigma de la masculinidad. Al mismo tiempo, añade Segato que la violación se presenta como un “deber ser”. El violador debe violar, sea en un escenario bélico o en la vida doméstica de sus hogares. Debe cumplir con ese mandato. Y cuando comete ese acto, lo hace “en compañía” de otras presencias “simbólicas” —como lo es el paradigma de la masculinidad—-. Desde este lugar, el que viola se presenta como un individuo socialmente presionado, que debe encarnar el modelo de masculinidad en su forma bien realizada y exitosa. En otras palabras, el hombre violador es producto de grupos sociales patriarcales, y para nuestra sorpresa, suele desintegrarse en el acto —conclusión a la que llega Segato en base al análisis de los discursos de personas presas por delitos sexuales—. Dicho así, se reafirma la idea de que el atributo sexual no tiene que versar siempre en la satisfacción de un impulso incontrolable y en la mera intencionalidad de retirar por la fuerza todas las posibilidades de libre disposición y autonomía de la víctima sobre su propio cuerpo individual. En cambio, se puede además, pensar este acto como una cuestión normativa —en respuesta a valores y normas de conducta compartidas por grupos sociales o subculturas— cuyo fin consiste en perpetuar las relaciones de desigualdad, de poder, de dominación de los cuerpos a nivel de la vida en sociedad. Por último, cabe destacar que, si la violación es un mandato cultural y el violador es un producto social, entonces, lo acertado es reconocer que la propia sociedad tiene responsabilidad sobre el delito sexual. No por ello el victimario es menos responsable. Pero no es el único. Un compromiso ineludible de mujeres, cuerpos feminizados y hombres. Resta señalar una última cuestión: como mujeres y cuerpos feminizados que seguimos habitando bajo una cultura y una legislación atravesadas por el sesgo patriarcal —donde muchas veces se responsabiliza a las víctimas de haber sido violadas y numerosos actos de violencia sexual carecen de condena, o en su defecto, no tienen una condena justa— resulta fundamental asumir un compromiso ineludible. Este compromiso —que debe también ser asumido por aquellos varones capaces de admitir los efectos nocivos que la ideología de la masculinidad patriarcal produce en ellos mismos— implica lo siguiente: transformar la mirada impune frente a las agresiones sexuales, visibilizándolas como lo que verdaderamente son: actos criminales. Supone también avanzar hacia el reconocimiento pleno de las denuncias de violación y violencia sexual, resistir los mandatos de discriminación por motivos de género y construir espacios fermentales en beneficio del desarrollo de un pensamiento de liberación que desafíe y supere el paradigma patriarcal. La liberación es posible si luchamos juntos. Aunque el cambio pueda parecer lento, cada voz que se alza en defensa de una sociedad donde permanezca el género pero no el patriarcado, nos recuerda que ese futuro no es una utopía, sino una meta alcanzable. 

 Bibliografía: 

 Segato, R. L. (2014). Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres. Ediciones Tinta 

Limón. —--------- (2003). Las estructuras elementales de la violencia: Ensayos sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos. 1era edición Bernal, Universidad nacional de Quilmes, Argentina. 

 Stolke, V. (2004). La mujer es puro cuento: la cultura del género. Estudios Feministas, Universidad Autónoma de Barcelona. 

 Villoro, L. (2013). Filosofía y Dominación: Discurso de ingreso. Primera edición, año 2013. México. 

 Kottasová, I., karni, D. (8 de julio de 2025). “Hamas usó la violencia sexual como “arma de guerra”, dicen rehenes liberados en Gaza en un informe isrelí. CNN Mundo español. Recuperado de: https://cnnespanol.cnn.com/2025/07/08/mundo/rehenes-gaza-victimas-violencia-sexual-hamas-guerra-trax 

 Penadés, Elba (10 de julio de 2024). Ruth Halperin- Kaddari, experta en derechos de la mujer: “La violencia sexual era parte del ataque de Hamás”. 3N Mundo. Recuperado de: https://www.antena3.com/noticias/mundo/ruth-halperinkaddari-experta-derechos-mujer violencia-sexual-era-parte-ataque-hamas_20240710668e85d0c53ff80001782edc.html

¿Y después qué?

 

¿Y después qué? Jorge Barrera Preliasco.

“¡Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos!” — Porfirio Díaz

Introducción

.La historia latinoamericana está atravesada por intervenciones externas que prometieron orden y dejaron incertidumbre. Desde la Batalla de Caseros en Argentina en 1852, que abrió la puerta a nuevas dependencias políticas, hasta la Guerra de la Triple Alianza, que devastó al Paraguay, los pueblos de la región han sufrido las consecuencias de la fuerza extranjera. En el siglo XX, los ejemplos se multiplican: la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba, el derrocamiento de Jacobo Árbenz en Guatemala, la ocupación de la República Dominicana en 1965 y la invasión de Panamá en 1989 para derrocar a Noriega. Cada episodio dejó tras de sí un país fracturado y una sociedad marcada por el trauma.

Hoy, Venezuela se suma a esa lista con el secuestro de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York, mientras Delcy Rodríguez jura como presidenta interina en Caracas. La pregunta que realmente importa no es el “cómo” ni el “cuándo”, sino el “¿y después qué?”. Porque más allá de la fuerza, lo que queda es el costo humano, la fractura social y el desafío de reconstruir un país que merece soluciones propias y soberanas.

La crítica a la intervención norteamericana en Venezuela no implica, de ningún modo, apoyo a Nicolás Maduro. Se trata de cuestionar un procedimiento espurio que vulnera la soberanía y abre un escenario de incertidumbre. Como recordaba Aristóteles: “Quiero mucho a Platón, pero más a la verdad”. Del mismo modo, reconocer las falencias del régimen no debe impedir señalar que la verdad exige denunciar la injerencia externa y sus consecuencias para el pueblo venezolano.

El día después

Caracas amaneció con un silencio extraño. La noticia del secuestro de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para declarar ante un tribunal federal recorrió el mundo en cuestión de horas. En el Palacio de Miraflores, Delcy Rodríguez juró como presidenta interina, mientras las calles se llenaban de rumores, miedo y expectativa. ¿El poder cambió de manos? Lo que quedó fue un vacío: un país que no sabe hacia dónde va.

Incertidumbre política y social

El nuevo gobierno interino promete transición y democracia, pero su legitimidad está en disputa. Los sectores opositores celebran, mientras otros denuncian imposición y pérdida de soberanía. En los barrios, la gente habla con cautela: algunos sienten alivio, otros desconfianza. La crisis humanitaria no se resolvió, se amplificó. Familias desplazadas buscan refugio, la polarización se intensifica y el trauma colectivo se profundiza. El día después no trajo certezas, sino más preguntas.

Reacciones regionales

América Latina se divide. Gobiernos que aplauden la acción la llaman “liberación”, mientras otros la condenan como invasión y violación de la soberanía. La OEA y la CELAC muestran fisuras, y la integración regional se resquebraja. El fantasma de nuevas intervenciones sobrevuela la región.

Tensión global

El secuestro de Maduro no fue un hecho aislado. Rusia y China denuncian la acción y refuerzan su presencia en la región, mientras Estados Unidos afirma su influencia. Venezuela se convierte en tablero de disputa internacional, y la incertidumbre se extiende más allá de sus fronteras. La frase de Porfirio Díaz resuena con fuerza: “¡Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos!”. Hoy, ese lamento podría ser venezolano.

¿Y después qué?

El día después del secuestro no trajo estabilidad, sino preguntas. ¿Cómo se reconstruye un país fracturado? ¿Qué garantías existen de que la democracia no sea solo un discurso? ¿Qué precio pagará la sociedad por una injerencia que prometió soluciones rápidas? La incertidumbre es la verdadera herencia del “día después”, y la historia latinoamericana demuestra que las respuestas no llegan de afuera, sino del propio pueblo que busca recuperar su destino.

Escenarios de análisis

Político: La imposición de un gobierno de transición abre un vacío institucional difícil de llenar.

Social: El costo humano es inmediato: desplazamientos, migraciones masivas y heridas sociales que tardarán décadas en cicatrizar.

Regional: América Latina se ve obligada a posicionarse, dividiéndose entre quienes legitiman la acción y quienes la rechazan.

Geopolítico: La intervención activa a Rusia, China e Irán, escalando la tensión global y convirtiendo a Venezuela en un nuevo tablero de disputa internacional.

Cierre

La pregunta del título se convierte en el eje del análisis: ¿qué sucede tras la intervención? Más allá de los discursos de liberación o democratización, lo que queda es el desafío de reconstruir un país fracturado, con instituciones debilitadas y una sociedad marcada por el trauma. La advertencia de Porfirio Díaz sigue vigente: “¡Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos!”. Y la pregunta que nos queda es la misma que da nombre a este artículo: ¿y después qué?

 

El uso de la calculadora en la Enseñanza Secundaria.

 

El uso de la calculadora en la Enseñanza Secundaria.

Jorge Barrera Preliasco.

1. Introducción

Este artículo surge de una rica discusión mantenida con un colega docente de Matemática en el marco de un grupo de Educación,  que tengo el honor de compartir con profesionales de vasta experiencia y calificación. En ese espacio de diálogo, las reflexiones sobre la enseñanza y sobre los aprendizajes se nutren de perspectivas diversas, lo que motiva a explicitar mi posición respecto al papel de las tecnologías en el aprendizaje matemático.

Defiendo el uso inteligente de las nuevas tecnologías en el aula, entendiendo que su incorporación no sustituye los métodos tradicionales, sino que los complementa. La calculadora, aunque no sea una herramienta novedosa, representa un recurso valioso para potenciar la enseñanza y el aprendizaje. Su introducción en el ciclo básico permite a los estudiantes abordar problemas más complejos sin quedar atrapados en la mecánica del cálculo, favoreciendo así la comprensión conceptual y la exploración de estrategias diversas.

 Es importante evitar el riesgo de lo que Carlos Vaz Ferreira denominaba “falsa oposición”: considerar contradictorio aquello que en realidad es complementario. La calculadora no debe enfrentarse a los algoritmos tradicionales, sino convivir con ellos en un marco pedagógico que promueva el pensamiento crítico y la autonomía. Reconocer esta complementariedad es clave para democratizar el acceso al conocimiento matemático y para formar estudiantes capaces de integrar herramientas diversas en la resolución de problemas.

El Ciclo Básico de Secundaria constituye una etapa de transición fundamental en la formación matemática de los estudiantes, pues marca el pasaje desde la aritmética elemental hacia el pensamiento algebraico. En este período se consolidan las operaciones básicas y se introducen nociones abstractas que requieren nuevas formas de razonamiento. El desafío pedagógico radica en acompañar a los adolescentes en la construcción de significados, evitando que el álgebra se perciba como un lenguaje extraño y mostrando su continuidad con la aritmética, de modo que el aprendizaje resulte progresivo y comprensible.

En el marco de la enseñanza de la matemática en el Ciclo Básico de Secundaria surge una interrogante central que atraviesa tanto la práctica docente como la reflexión pedagógica: ¿qué lugar debe ocupar la calculadora en el aula? La cuestión no se limita a decidir entre su uso o prohibición, sino a pensar cómo integrarla de manera crítica y complementaria, evitando que sustituya la comprensión de los algoritmos y potenciando el aprendizaje significativo.

2. Marco pedagógico

El uso de la calculadora como recurso pedagógico ha sido ampliamente discutido en la literatura académica. Parra-Zapata, Lau Mego y Zapata-Jaramillo (2013) sostienen que su integración favorece el desarrollo del pensamiento matemático, siempre que se emplee como apoyo y no como sustituto del razonamiento. En sus palabras: “La calculadora debe ser vista como un medio para analizar y comprender, no para reemplazar”. Este enfoque subraya la importancia de mantener la centralidad en la construcción cognitiva del estudiante.

Ortiz Buitrago (2006) plantea que la incorporación de la calculadora gráfica transforma la práctica docente, al permitir que los estudiantes se concentren en la interpretación de resultados y en la exploración de conceptos. Según su reflexión: “La enseñanza de la matemática con calculadora fortalece la comprensión natural del conocimiento y sus aplicaciones”. De este modo, la herramienta se convierte en un puente entre el cálculo mecánico y la reflexión crítica, potenciando aprendizajes más profundos y contextualizados..

La perspectiva de García-Lázaro y García-Lázaro (2024) sobre la formación docente enfatiza que la calculadora debe integrarse como recurso complementario, orientado a fortalecer la comprensión conceptual y la autonomía del estudiante. En su estudio se afirma: “La calculadora, usada críticamente, fomenta la reflexión matemática y evita la dependencia mecánica del cálculo”. Este enfoque pedagógico resalta la necesidad de equilibrar habilidades tradicionales con competencias tecnológicas, preparando a futuros maestros para prácticas educativas más inclusivas y contextualizadas.

Ventajas del uso de la calculadora

El ahorro de tiempo en cálculos rutinarios es una de las ventajas más destacadas del uso de la calculadora en el aula. Según Parra-Zapata, Lau Mego y Zapata-Jaramillo (2013), esta herramienta permite que los estudiantes se concentren en la interpretación de resultados y en la construcción de significados matemáticos. En sus palabras: “La calculadora libera al alumno de operaciones mecánicas, facilitando la atención en procesos de razonamiento superior”.

La posibilidad de explorar problemas más complejos sin quedar atrapados en la mecánica del cálculo es otro beneficio pedagógico. Ortiz Buitrago (2006) señala que la calculadora gráfica abre la puerta a la experimentación y al análisis de situaciones que serían demasiado extensas o difíciles de abordar manualmente. En su reflexión: “El uso de la calculadora potencia la exploración de modelos y relaciones matemáticas más profundas”. Esto favorece un aprendizaje crítico y creativo.

Finalmente, la inclusión de estudiantes con dificultades en el cálculo manual constituye un aporte fundamental para la equidad educativa. La calculadora se convierte en un recurso que nivela oportunidades, permitiendo que todos los alumnos participen en la resolución de problemas y en la construcción de conceptos. De este modo, se promueve un enfoque inclusivo que reconoce la diversidad de habilidades y facilita que cada estudiante pueda avanzar en su aprendizaje sin quedar rezagado por limitaciones operativas.

El uso de la calculadora puede contribuir a desterrar el “miedo hacia la matemática”, al transformar la percepción de la asignatura en una experiencia más accesible y atractiva. García-Lázaro et al. (2024) destacan que la incorporación de la tecnología favorece una relación más empática con el conocimiento, al disminuir la ansiedad frente al cálculo. En su estudio afirman: “La calculadora, bien orientada, ayuda a enamorar al estudiante de la matemática y sus desafíos” (García-Lázaro et al., 2024).

Este primer acercamiento no solo modifica la actitud del estudiante hacia la disciplina, sino que también impulsa la autonomía y la profundización de los saberes. De este modo, la calculadora se convierte en una herramienta que abre camino a un aprendizaje más seguro y motivador, capaz de fortalecer la confianza y el interés por explorar nuevos desafíos matemáticos.

3. Riesgos y desafíos

La dependencia excesiva de la calculadora puede limitar la comprensión de algoritmos básicos y debilitar el razonamiento matemático. Parra-Zapata et al. (2013) advierten que “el uso indiscriminado de la calculadora puede generar vacíos en la construcción de procedimientos elementales”. Por ello, es fundamental que los estudiantes desarrollen primero habilidades manuales y mentales, para luego integrar la tecnología como apoyo. De lo contrario, se corre el riesgo de sustituir la reflexión por la mecanización.

La necesidad de que el docente guíe el uso de la calculadora es clave para evitar que se convierta en un “atajo” sin reflexión. Ortiz Buitrago (2006) señala que “la calculadora debe ser orientada pedagógicamente para que el alumno piense y no solo obtenga resultados”. El rol docente es garantizar que la herramienta se utilice como medio de exploración y análisis, fomentando la autonomía crítica y evitando la dependencia acrítica de la tecnología.

Las diferencias de acceso a la tecnología entre estudiantes representan un desafío importante para la equidad educativa. Mientras algunos alumnos cuentan con calculadoras avanzadas, otros carecen de recursos básicos, lo que puede generar desigualdades en el aprendizaje. Este riesgo exige políticas inclusivas y estrategias pedagógicas que aseguren igualdad de oportunidades. La escuela debe promover soluciones colectivas, como el acceso compartido o el uso de recursos alternativos, para que la calculadora no se convierta en un factor de exclusión sino en un puente hacia la democratización del conocimiento.

La incorporación de la calculadora en el aula no solo implica desafíos, sino también fortalezas que enriquecen la práctica pedagógica. García-Lázaro et al. (2024) subrayan que “la calculadora, bien orientada, se convierte en un puente entre la dificultad y el descubrimiento”. Su presencia favorece la motivación, la equidad y la exploración de problemas complejos, siempre que el docente guíe su uso. De este modo, se consolida como herramienta indispensable para democratizar el aprendizaje matemático y potenciar la autonomía estudiantil.

4. Ejemplos prácticos

El uso de la calculadora en álgebra resulta especialmente útil para verificar resultados y reforzar la confianza del estudiante. Tras realizar operaciones manuales, la herramienta permite comprobar la exactitud de los procedimientos y detectar posibles errores. Como señalan Parra-Zapata et al. (2013), “la calculadora se convierte en un recurso de validación que fortalece la seguridad del alumno en su razonamiento”. De este modo, se fomenta la autonomía y se consolida la comprensión de algoritmos básicos.

En modelos más avanzados, la calculadora gráfica facilita la exploración de funciones y la representación de gráficos. Ortiz Buitrago (2006) destaca que “la visualización inmediata de curvas y relaciones matemáticas potencia la comprensión de conceptos abstractos”. Esta posibilidad abre la puerta a la experimentación, permitiendo que los estudiantes analicen variaciones, comparen comportamientos y descubran patrones. Así, la calculadora se convierte en un puente entre la teoría y la práctica, enriqueciendo el aprendizaje matemático.

Las actividades que combinan cálculo manual y calculadora ofrecen un espacio pedagógico equilibrado, donde se comparan estrategias y se reflexiona sobre la eficiencia de cada método. El estudiante aprende a valorar la importancia de dominar algoritmos básicos, al tiempo que reconoce las ventajas de la tecnología para problemas más complejos. Esta integración favorece la metacognición, pues invita a analizar cómo se llega a un resultado y qué herramientas facilitan el proceso, fortaleciendo tanto la precisión como la creatividad en la resolución.

5. Conclusión propositiva

La calculadora debe ser reconocida como un recurso didáctico que democratiza el acceso a la matemática, permitiendo que estudiantes con diferentes habilidades puedan participar activamente en la construcción del conocimiento. Su inclusión en el aula favorece la equidad y la motivación, al reducir barreras que históricamente han generado miedo o exclusión. De este modo, se convierte en una herramienta que amplía horizontes y fortalece la relación de los alumnos con la disciplina.

Es fundamental diseñar actividades que integren el uso de la calculadora de manera crítica y reflexiva, evitando que se convierta en un simple atajo. El docente debe orientar su aplicación hacia la exploración de conceptos, la interpretación de resultados y el análisis de problemas complejos. Así, la calculadora se transforma en un medio para profundizar aprendizajes y estimular la autonomía, en lugar de limitarse a resolver operaciones mecánicas.

Finalmente, se hace un llamado a los docentes para equilibrar el cálculo manual y tecnológico, reconociendo que ambos son complementarios. La dominio de algoritmos básicos sigue siendo esencial, pero la integración de la calculadora potencia la comprensión y la creatividad. Este equilibrio asegura que los estudiantes desarrollen tanto destrezas fundamentales como competencias digitales, preparándolos para enfrentar los desafíos académicos y profesionales de un mundo cada vez más interconectado y tecnológico.

Bibliografía

García-Lázaro, J., García-Lázaro, M., & García-Lázaro, R. (2024). Percepción de futuros maestros sobre el uso de la calculadora en educación matemática. Revista de Educación Matemática, 39(2), 45–62.

Parra-Zapata, J. A., Lau Mego, J. A., & Zapata-Jaramillo, C. M. (2013). Hacia el desarrollo del pensamiento matemático con calculadora. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, (39), 13–35. Recuperado de https://funes.uniandes.edu.co

Ortiz Buitrago, J. (2006). La incorporación de la calculadora gráfica en el aula de matemática. Revista de Pedagogía, 27(79), 213–232. Recuperado de https://ve.scielo.org

El 10 de diciembre y la vigencia de los Derechos Humanos 

El 10 de diciembre y la vigencia de los derechos humanos. 

Resumen 

El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, conmemora la 

aprobación en 1948 de la Declaración Universal, un hito que marcó el 

compromiso global con la dignidad, la libertad y la justicia. La fecha invita a 

reflexionar sobre los avances logrados —como la consolidación de tribunales 

internacionales y la incorporación de tratados en legislaciones nacionales y 

también sobre los retrocesos, evidentes en el auge de gobiernos autoritarios, la 

persecución de minorías y la criminalización de la protesta. 

Los nuevos marcos normativos, como las convenciones sobre discapacidad y 

contra la discriminación de la mujer, han ampliado la protección jurídica y 

generado oportunidades para sociedades más inclusivas. Sin embargo, su 

eficacia depende de la voluntad política y de instituciones sólidas. A la vez, el 

escenario actual está atravesado por contradicciones: el ascenso de la 

ultraderecha y la banalización de valores universales en premios y distinciones 

ponen en riesgo conquistas históricas. 

A ello se suman amenazas como el narcotráfico, el crimen organizado y la 

inseguridad, que erosionan la democracia y alimentan discursos de “mano 

dura”. El desafío es enfrentar estos problemas sin sacrificar derechos 

fundamentales, evitando la falacia de que el autoritarismo mejora la vida. En 

definitiva, el 10 de diciembre nos recuerda que la defensa de los derechos 

humanos exige praxis política, deliberación ética y compromiso ciudadano para 

preservar lo humano en este nuevo contexto cruzado por avances y retrocesos. 

La relevancia histórica del 10 de diciembre 

El 10 de diciembre es una fecha emblemática en la historia contemporánea: en 

1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, un documento que marcó un antes y un 

después en la concepción de la dignidad humana. Tras las atrocidades de la 

Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional reconoció que era 

necesario establecer un marco común que protegiera a las personas frente a 

los abusos del poder. Desde entonces, cada 10 de diciembre se celebra el Día 

Internacional de los Derechos Humanos, recordándonos que la libertad, la 

igualdad y la justicia no son conquistas definitivas, sino procesos en constante 

construcción. La fecha funciona como un recordatorio de que los derechos 

humanos son universales, indivisibles e interdependientes, y que su vigencia 

depende tanto de los Estados como de la sociedad civil. En un mundo 

atravesado por conflictos armados, crisis migratorias y desigualdades 

crecientes, el 10 de diciembre nos invita a reflexionar sobre cuánto hemos 

avanzado y cuánto nos falta por recorrer en la defensa de la dignidad humana. 

Avances y retrocesos en la protección de derechos 

En las últimas décadas se han logrado avances significativos en la protección 

de los derechos humanos. La consolidación de tribunales internacionales, 

como la Corte Penal Internacional, y la expansión de sistemas regionales de 

protección, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han 

permitido que las víctimas encuentren espacios de justicia más allá de las 

fronteras nacionales. Asimismo, la incorporación de tratados internacionales en 

las constituciones y legislaciones nacionales ha fortalecido la capacidad de los 

ciudadanos para exigir sus derechos. Sin embargo, estos avances conviven 

con retrocesos preocupantes. El aumento de gobiernos autoritarios, la 

criminalización de la protesta social y la persecución de minorías muestran que 

los derechos humanos siguen siendo frágiles. En muchos países, la libertad de 

prensa está amenazada y los defensores de derechos humanos enfrentan 

hostigamiento e incluso violencia. El 10 de diciembre, entonces, no solo celebra 

conquistas, sino que también denuncia las violaciones persistentes y nos 

recuerda que la defensa de la dignidad humana requiere vigilancia constante. 

Nuevos marcos normativos y oportunidades 

La evolución del derecho internacional ha abierto nuevas oportunidades para 

fortalecer la protección de los derechos humanos. La aprobación de tratados 

como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad o 

la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer ha ampliado el alcance de la protección jurídica. Además, la 

incorporación de estos instrumentos en las legislaciones nacionales ha 

permitido que los tribunales locales reconozcan y apliquen estándares 

internacionales. En América Latina, por ejemplo, varios países han reformado 

sus constituciones para incluir explícitamente el respeto a los tratados 

internacionales de derechos humanos, lo que ha dado lugar a sentencias 

innovadoras en materia de igualdad de género, derechos reproductivos y 

protección ambiental. Estos marcos normativos ofrecen la posibilidad de 

construir sociedades más inclusivas y justas. Sin embargo, su eficacia depende 

de la voluntad política y de la capacidad institucional para implementarlos. El 10 

de diciembre nos recuerda que los tratados y declaraciones no son meros 

documentos, sino compromisos que deben traducirse en políticas públicas 

concretas. 

Amenazas y contradicciones en el escenario actual 

A pesar de los avances normativos, el escenario contemporáneo está marcado 

por amenazas y contradicciones. El auge de la ultraderecha en distintas 

regiones del mundo ha traído consigo discursos que relativizan los derechos 

humanos, presentándolos como obstáculos para la seguridad o la soberanía 

nacional. Este fenómeno pone en riesgo conquistas históricas, ya que 

promueve políticas de exclusión y discriminación. Al mismo tiempo, la entrega 

de reconocimientos internacionales a figuras controvertidas —como el Premio 

Nobel a Corina Machado o la distinción de la FIFA a Donald Trump— genera 

tensiones sobre el sentido de los valores compartidos. Pero las amenazas no 

se limitan al plano político: la falta de trabajo, especialmente para jóvenes, 

mujeres y minorías, la precarización del derecho a la salud y la vivienda, y el 

deterioro de la educación son desafíos que erosionan la cohesión social y 

ponen en cuestión la vigencia real de los derechos humanos. Estas carencias 

conviven con avances importantes, como la ampliación de la cobertura 

sanitaria en algunos países, programas de vivienda social y políticas 

educativas inclusivas, lo que muestra un escenario contradictorio donde 

progreso y retroceso se entrelazan. La contradicción es evidente: mientras se 

celebran los derechos humanos en foros internacionales, en muchos países se 

restringen libertades básicas y se consolidan regímenes autoritarios. El 10 de 

diciembre, en este contexto, se convierte en un espacio de resistencia y de 

crítica, donde la sociedad civil debe recordar que los derechos humanos no 

pueden ser instrumentalizados ni vaciados de contenido. 

Narcotráfico, crimen organizado e inseguridad: un desafío complejo 

Uno de los grandes retos contemporáneos para la vigencia de los derechos 

humanos es el avance del narcotráfico y el crimen organizado, fenómenos que 

erosionan la institucionalidad democrática y generan un clima de inseguridad 

que afecta directamente la vida cotidiana de las personas. En muchos países 

de América Latina, la violencia asociada a estas estructuras criminales ha 

puesto en jaque la capacidad del Estado para garantizar derechos básicos 

como la vida, la libertad y la integridad física. Frente a esta amenaza, algunos 

sectores políticos promueven la idea de que solo gobiernos autoritarios pueden 

restablecer el orden, apelando a la “mano dura” como solución mágica. Sin 

embargo, esta narrativa es una falacia peligrosa: la historia demuestra que los 

regímenes autoritarios no mejoran la calidad de vida de la población, sino que 

restringen libertades, perpetúan abusos y, muchas veces, terminan 

coludiéndose con las mismas redes criminales que dicen combatir. El desafío 

consiste en enfrentar la inseguridad sin sacrificar los principios fundamentales 

de la dignidad humana, evitando que el miedo se convierta en excusa para 

legitimar la represión indiscriminada. 

Respuestas democráticas y respeto a los derechos humanos 

La respuesta al narcotráfico y al crimen organizado debe ser integral y 

democrática. Esto implica fortalecer las instituciones judiciales y policiales, 

garantizar la transparencia en la gestión pública y promover políticas sociales 

que reduzcan las condiciones de vulnerabilidad que alimentan la expansión del 

crimen. La seguridad no puede entenderse únicamente como represión, sino 

como la construcción de un entorno donde los derechos humanos sean 

respetados y protegidos. Experiencias exitosas muestran que la combinación 

de prevención social, educación, oportunidades laborales y sistemas de justicia 

eficaces es más sostenible que la militarización o la concentración autoritaria 

del poder. El 10 de diciembre nos recuerda que la lucha contra la inseguridad 

debe hacerse desde la praxis política: deliberando sobre fines que preserven la 

libertad, la justicia y la dignidad, incluso en contextos de violencia. Solo así 

evitaremos que la lógica instrumental del “orden a cualquier costo” se convierta 

en un nuevo verdugo, y podremos construir sociedades seguras sin renunciar a 

los valores compartidos que sostienen nuestra convivencia. 

El papel de la praxis en la defensa de la dignidad 

Más allá de los marcos normativos y las instituciones, la defensa de los 

derechos humanos requiere lo que Aristóteles llamaba razón práctica (praxis): 

la deliberación sobre los fines últimos de la vida buena. Europa en el siglo XX 

se dejó llevar por la razón instrumental, subordinando los fines humanos a la 

eficiencia técnica, lo que derivó en atrocidades como Auschwitz e Hiroshima. 

La lección histórica es clara: la técnica sin orientación práctica se convierte en 

un instrumento ciego, y la política sin praxis se degrada en mera administración 

de poder. En el nuevo escenario de la inteligencia artificial y la automatización, 

no debemos repetir ese error. La ASI (superinteligencia artificial) puede 

ayudarnos a diseñar políticas más eficientes, pero los objetivos últimos deben 

ser definidos por la praxis humana. Libertad, seguridad y justicia entran en 

conflicto, y solo la deliberación política puede decidir qué énfasis dar en cada 

momento histórico. El 10 de diciembre nos recuerda que los derechos humanos 

no son fórmulas matemáticas, sino decisiones éticas que requieren debate y 

compromiso. 

Conclusión: el desafío de preservar lo humano 

El 10 de diciembre no es solo una fecha conmemorativa, sino un llamado a la 

acción. Nos recuerda que los derechos humanos son conquistas frágiles, que 

pueden retroceder si no se defienden activamente. Los avances normativos y 

las instituciones internacionales son herramientas valiosas, pero insuficientes 

sin la praxis política y el compromiso ciudadano. Las amenazas actuales —

desde el auge de la ultraderecha hasta la banalización de los valores 

compartidos en premios y distinciones— muestran que la dignidad humana 

sigue en disputa. Frente a ello, el desafío es doble: preservar lo humano en un 

mundo cada vez más dominado por la lógica instrumental y construir 

sociedades capaces de deliberar sobre los fines últimos de la vida buena. El 10 

de diciembre, entonces, no solo celebra la Declaración Universal de 1948, sino 

que nos invita a renovar el pacto ético que sostiene nuestra convivencia. En 

tiempos de incertidumbre, la defensa de los derechos humanos es la brújula 

que nos recuerda qué merece ser preservado y qué no puede ser sacrificado 

en nombre de la eficiencia o del poder. 

Bibliografía 

Barrera, Jorge. (2023). https://mediomundo.uy/contenido/6213/los-desafios-de-la

educacion-publica  Mediomundo.uy 

Barrera, Jorge. (2024). https://mediomundo.uy/contenido/6337/que-son-los-derechos

culturales-como-se-protegen. Mediomundo.uy 

Weber, Max. La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Madrid: Alianza 

Editorial, 2003. 

Weber, Max. Economía y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica, 1992. 

Horkheimer, Max. Crítica de la razón instrumental. Madrid: Trotta, 2002 (edición 

original 1947). 

Horkheimer, Max y Adorno, Theodor W. Dialéctica de la Ilustración. Madrid: Trotta, 

1998 (edición original 1944). 

Habermas, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa. Madrid: Taurus, 1987. 

Naciones Unidas. Declaración Universal de Derechos Humanos. Asamblea General, 

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Crítica de la razón algorítmica

https://mediomundo.uy/contenido/6766/critica-de-la-razon-algoritmica

Violencia, desprestigio y memoria en la escuela pública